Por: Santiago Octavio Bobadilla Ocaña.
Profesor adscrito al Departamento de Ciencias de la Educación
Profesor adscrito al Departamento de Ciencias de la Educación
Como es sabido nuestra Carta Magna y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948; reafirma el derecho de las personas a la educación; es decir se propugna por una educación inclusiva que no sólo tiene que ver con el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad, diferencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también; consiste en eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pertenecen a diversos grupos sociales, etnias y culturas debido a sus propias normas, valores, creencias y comportamientos propios.
Sin embargo, América Latina se caracteriza por altos niveles de iniquidad, exclusión y fragmentación social, realidad a la cual no es ajena nuestro país, tampoco está exenta la Región Lambayeque, a pesar de la existencia de una diversidad cultural y lingüística, que lejos de ser una gran fortaleza para dinamizar, flexibilizar y diversificar el currículo, resulta siendo un impedimento en la planificación curricular que implementa cada institución educativa.
En el sistema educativo peruano, desde 1995 se vienen implementando cambios en el currículo y capacitando a los profesores; empero, no se ha considerado el enfoque de la escuela inclusiva, persistiendo la falta de atención a la diversidad y concretamente la exclusión a la población estudiantil más vulnerable como es el caso de aquellos niños y niñas con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, realidad geográfica, socioeconómica y cultural.
Por ello, es preciso avanzar hacia el desarrollo de escuelas inclusivas que eduquen en la diversidad y que entiendan ésta como una fuente de enriquecimiento para el aprendizaje y los procesos de enseñanza. El principio rector del Marco de Acción de la Conferencia Mundial sobre necesidades especiales (Salamanca, 1994), nos dice que todas las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales; niños discapacitados y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas desfavorecidas o marginales, lo cual plantea un reto importante para los sistemas educativos.
Por otro lado la oferta curricular, la gestión escolar, las estrategias de aprendizaje que se utilizan en el aula y las expectativas de los profesores, entre otros, son factores que pueden favorecer o dificultar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos y su participación en el proceso educativo. El mismo alumno puede tener dificultades en una escuela y no en otra, dependiendo de como se aborden en cada una las diferencias. Esto significa que si la escuela puede generar dificultades, también está en su mano poder evitarlas. La escuela tiene, por tanto, un papel fundamental para evitar que las diferencias de cualquier tipo se conviertan en desigualdades educativas y sociales, produciéndose un círculo vicioso difícil de romper y maximizando la educación no inclusiva.
En suma es tarea de todos los sectores sociales y en especial de la educación formal promover una educación inclusiva para la consolidación de una cultura de paz y ética ciudadana, y por ende institucionalizar la escuela que represente un marco favorable para asegurar la igualdad de oportunidades, la plena participación, y contribuya a una educación más personalizada, fomentando la colaboración entre todos los miembros de la comunidad escolar, así como también se constituya en un paso esencial para avanzar hacia sociedades más inclusivas y democráticas.
